No hay pruebas de que las petroleras pacten precios: resultado del informe de la CNC


Yo no sé si el seguimiento del caso y la redacción del informe final lo han hecho expertos en la materia o los personajes de Barrio Sésamo, pero todo indica a que los sagaces investigadores han sido Don Pimpón y los suyos. Todo cuanto nos rodea últimamente tiene siempre ese aroma a pufo y a chanchullo.

Sea como fuere, la Comisión Nacional de Competencia (CNC), después de recibir múltiples peticiones para que lo investigara, sentencia que “no puede concluirse que existan prácticas colusorias (pactos) por parte de los operadores que justifiquen la apertura de un expediente sancionador”.

Así de tajante. O sea, que las escaladas idénticas de precios que presenciamos son fruto de la casualidad o de alucinaciones masivas de toda la sociedad. Y las operadoras se quedan sin ser multadas ni aleccionadas por organismo legal alguno. A todo esto, se siguen manteniendo las restricciones a la hora de solicitar la apertura de una estación de servicio. Todo está controlado y bajo el yugo de los tres gigantes petrolíferos.

Volver a los precios máximos dictados por el Gobierno

La Federación de Consumidores y Usuarios (Facua) evidentemente no se cree ni una maldita palabra del informe y propone una actuación inmediata. Rubén Sánchez, su portavoz, ha expuesto hoy la propuesta de la Facua para detener las injerencias y manipulaciones como sea.

Y la sugerencia es un auténtico flash-back, una vuelta atrás a los noventa, cuando el Gobierno fijaba un precio máximo para el carburante. Esto se derogó en pro del libremercado y la competencia entre los operadores, pero, como todos sabemos, la gasolina es un oligopolio, y en estas condiciones, el “mercado”, de “libre” no tiene nada.

Así que volver a la tutela del Gobierno, según la Facua, sería la única manera de forzar a las petroleras a que realmente tuvieran que competir entre ellas. Existiría un precio máximo, pero no un precio mínimo, y de esa manera deberían licitar entre ellas para captar a sus clientes.

En mi humilde opinión, las petroleras pactarían en precio mínimo permitido y por otro lado presionarían al Gobierno constantemente para mover a su antojo el precio máximo. Y todo seguiría igual. Lo grave es que alguien diga que no se puede demostrar la existencia de un pacto.

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