El Gobierno estudia un nuevo impuesto de 40 € al año para cada conductor… Esto debe ser una broma, ¿no?


Se veía venir. El agujero negro de antimateria que han dejado las radiales teníamos que pagarlo nosotros. Hace meses que lo vamos anunciando; propuestas para crear cientos de peajes y propuestas para que la titularidad de las carreteras sea pública y las financiemos con impuestos.

Como parece que las dos propuestas son fantásticas, deben haber dicho “pues démosles por ambos lados”. Los peajes se multiplicarán como champiñones, porque es una tendencia extendida en Europa y será una condición que se imponga cuando se materialice y se haga público de una vez el rescate financiero. Y además se está estudiando añadir otro impuesto más por la utilización de las vías de circulación.

Lo llaman la “Euroviñeta”, que suena a chiste, pero de mal gusto. En Portugal ya lo conocen, puesto que su economía ya está oficialmente intervenida y han aplicado este impuesto que ya existe en Alemania y Suiza. Y en España la conocemos también en su versión de “subida del precio de los peajes”, pero no como impuesto directo, obligatorio y adicional.

Procedencia de la información

Toda esta información la adelantan hoy los rotativos El Confidencial y El Economista. Si esta medida se aprueba, tendremos dos impuestos distintos y simultáneos de circulación. El nuevo impuesto, según El Confidencial, sería de unos 40 euros más al año, calculando así una recaudación de 1.500 millones de euros anuales. Lo que no está claro es el agujero económico que mencionábamos al principio: ¿a cuánto alcanza el déficit por la construcción de las radiales y otras vías rápidas? Hace un tiempo se hablaba de 2.200 millones, ahora comentan estos periódicos que la cosa anda por los 5.000 millones de euros.

En el anteproyecto de Presupuestos del Estado que se debate en el Parlamento no se habla en ningún momento de esta Euroviñeta, pero los economistas son los que han levantado el revuelo especulando sobre las muchas consecuencias que tendrá la pérdida de la soberanía económica del Estado español.

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